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Luis Godofredo Pichardo
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miércoles, 16 de abril de 2014

Presidente Medina plantó a los periodistas en su día, lo dejó esperando decreto nuevas pensiones

La Metralleta de Don Godo
Enfoque sobre el periodismo dominicano y la necesidad de una ley de pensión del Estado a los comunicadores sociales  en edad de retiro
  Un periodismo sin ética ni reputación. En la República Dominicana hay varias instituciones periodísticas regulativas del periodismo, siendo la principal de ella,  el Colegio
¿ Descortesía, falta de presupuesto, o mal entendido con los directivos del CDP? Es lo que se interpreta de la no promulgación del decreto presidencial que todos los años designa nuevas pensiones a los periodistas en retiro y en especial a los allegados al PLD
Dominicano de Periodistas (CDP), el Gobierno o el Estado tiene sus regulaciones propias y muy particulares. Pero la institucionalización de la Ley 1091 es el foro más conocido y es por el que se sustenta el CDP que aspira a regular y profesionalizar el ejercicio periodístico en el territorio nacional dominicano.
  Pero como en la mentalidad del dominicano, muy en especial de los funcionarios públicos se actúa, se piensa y se ejecuta, como si viviéramos en  un Estado fallido a nadie le importa si se cumplen  las leyes, los reglamentos y mucho menos las regularizaciones que crea el propio ejercicio del periodismo, al menos a nivel ético y profesional.
  El CDP que debía ser la autoridad máxima para el control, regularización y ética, está dominado por una cáfila parasitaria que lo mantiene estrangulado y sus miembros directivos son los primeros en violentar los reglamentos y disposiciones de la Ley 1091.
  En sus discursos de “barricada”, los ejecutivos del CDP promueven la profesionalización y los derechos de los periodistas colegiados, pero ellos son los primeros que incumplen con sus deberes y son permisivos en el momento de aplicar una política de favoritismo familiar y de búsqueda en las esferas del Gobierno, aunque para ello tengan que abandonar todos los principios del buen periodismo, y sobre todo del periodismo ético-profesional.
  Los procesos eleccionarios en el CDP…una oportunidad para la corruptela. En tiempo de renovación de directivas se hace de todo, se permite de todo, se busca en cualquier lugar, se solicita y se acepta ayuda de cualquier esfera, con el compromiso previo de comprometer su independencia y derechos inalienables  con las esferas que auspicien los procesos electorales.
  Así ocurre que, cuando quieren imponer una plancha de….los “compañeritos”, inscriben hasta militares activos o personas que  no son periodistas o nunca han ejercido el periodismo. Este panorama enlodado no puede negarlo ningunos de los directivos que hayan estado al frente del CDP en los últimos años.
  Creo que es una exageración, pero en un momento del Gobierno de Leonel Fernández se llegó a especular que más de un 90% de los afiliados al CDP estaban recibiendo una paga del Estado, unos como empleados, otros como “ informantes”, los menos como pensionados, y los ejecutivos del CDP disfrutaron de privilegios irritantes, entre pensiones, cargos públicos, exoneraciones y donaciones. Hay que recordar que en la repartición del habitacional del Estado que se realizó  camino a Jarabacoa, fueron muchos los colegas beneficiados, dizque pagando por la propiedad adquirida, elementos que no tenían ahorros ni siquiera para comer decentemente en sus respectivos hogares.
 
Durante las tres administraciones de Leonel Fernández se pensionaron 350 periodistas, el ex presidente acordó con los directivos del CDP esa designación anual. Pero es necesario una Legislación que establezca las pensiones por ley y que los fondos sean habilitados en el presupuesto nacional de la Nación
Un Gobierno o estado que cuente con los comunicadores sociales  a su favor no necesita preocuparse por la oposición y menos por los adversarios espontáneos que siempre aparecen en todos los gobiernos y todas las épocas.
  La urgencia de una Ley  del Estado a favor  de la  pensión al periodista en retiro. Recientemente estuve dialogando con el colega HOV, sobre la obligatoriedad o no de las pensiones que el Gobierno nacional estuvo concediendo hasta el mes de abril del 2013.
  Yo, le decía que el Gobierno otorgaba esas pensiones con los fondos públicos que aportaban los contribuyentes en los impuestos que pagamos los dominicanos en el actual sistema contributivo, quizá el más agresivo de la zona de El Caribe y posiblemente de América Latina.
  El colega argumentaba que aunque los periodistas viejos y enfermos merecen una pensión del Estado, ésta era otorgada por benevolencia presidencial y que siempre se inclinaba a favorecer a los acólitos del Gobierno, a los miembros del partido oficial, y a los amigos y amigas de los funcionarios públicos y los legisladores en funciones activas.
  Concluí a regaña dientes que eso es así. Y es por eso que planteo  la necesidad de una Ley del Estado que regule los fondos públicos que habría que asignar en el presupuesto de la Nación para tales pensiones.
  Pero a la ley que yo aspiro no puede ser chauvinista ni contener errores o falsas interpretaciones. Me refiero a una legislación clara, precisa, humana y de fácil aplicación y que además, las cumplan todos los gobernantes dominicanos en cualquier tiempo o época.
  Pero que a la vez que  sea para periodistas que hayan cumplido 65 años, y hayan tenido un ejercicio periodístico reconocido de cinco a diez años. Y que contenga un acápite de ayuda para periodistas con enfermedades catastróficas, no basada en favoritismo o parcialismo político.
  ¿Disgusto en las altas esferas gubernamentales? Conversaba antes de escribir esta Columna con el colega ADR sobre la actitud del presidente de la República de no emitir el decreto que designa las pensiones periodísticas cada año el 5 de abril con motivo del Día del Periodista.
  Y concluíamos que posiblemente el gobernante Danilo Medina se había disgustado con la dirección del CDP que le sometió una matrícula de 115 peticiones, con el agravante de que subiera el monto de 35 a 50 mil, no sólo a los nuevos candidatos, sino también a los que ya reciben una pensión del Estado, incluyendo a los periodistas que a través del país reciben pensiones de cinco mil pesos a través del Seguro Social.
  Esto puede ser cierto, porque creo que es un abuso, presentar una lista de 115 solicitantes, cuando el presidente y los demás directivos del CDP saben que anualmente el Gobierno concede algo menos de 30 pensiones para las 32 provincias en que se divide el mapa geográfico del CDP a nivel nacional.
  Pero es que el grupo que dirige al CDP se está comportando como una manada de burócratas que sólo buscan prebendas personales y familiares y se olvidan realmente de las necesidades de los periodistas en edad de retiro y que sufren enfermedades catastróficas.
  En el listado actual hay peticionarios  que no han escrito una cuartilla periodística nunca, y no se hace necesario cuestionar por qué, sencillamente,  porque no son periodistas, sino amigos, parientes y familiares de los directivos del CDP.

  Mantengo mi posición de que se elabore un proyecto de ley que vaya al Congreso y reciba la aprobación de los legisladores, que son todos políticos, busca votos, que se elimine la práctica del favoritismo y de la concepción presidencial por afecto o en busca de popularidad.@

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